Violaciones a la propiedad privada en el Caso Isaías

Violaciones a los Derechos Humanos en las confiscaciones de las empresas de Roberto Isaías, William Isaías y terceros:

1. Ley aplicada en forma retroactiva
2. Violación a la presunción de inocencia
3. La AGD no tenía competencia para ordenar las incautaciones
4. La AGD nunca pagó a los depositantes de Filanbanco, consecuentemente, nada tiene que cobrar la institución
5. El Ministro de Economía, máxima autoridad del Directorio de la AGD, declaró que el Directorio nunca autorizó las incautaciones a la familia Isaías

Violaciones al Debido Proceso en el Caso Isaías

Violaciones a los Derechos Humanos en el proceso penal contra William Isaías y Roberto Isaías:

1. Inicio de un proceso sin cumplir con requisito de procedibilidad
2. Violación al principio de legalidad
3. Indefensión por falta de información y violación al principio de congruencia entre la acusación fiscal y la decisión judicial
4. Falta de oportunidad de contradecir la prueba aportada en la causa y/o mención en los fallos de los documentos extraprocesales
5. Violación al derecho de apelación
6. Juzgamiento por jueces incompetentes y formación de un Tribunal de Excepción
7. Interferencia de las demás funciones del Estado en la Función Judicial, principalmente del Ejecutivo
8. Aplicación indebida y retroactiva de una norma que permite el juzgamiento en ausencia, pero a otro tipo de personas y por otro tipo de delitos
9. Utilización de los canales de TV estatales y de los canales confiscados a la familia Isaías para difundir propaganda engañosa sobre el caso

Violaciones al Debido Proceso en el Caso Isaías (IX Parte)

Utilización de los canales de TV gubernamentales para amedrentar a los jueces y difundir propaganda engañosa sobre el caso:

En los últimos meses el gobierno ha estado presionando fuertemente al juez que conoce la etapa del juicio propiamente dicho. Los canales de televisión TC y GamaTV (que eran de propiedad de los hermanos Isaías antes de su confiscación), junto con el canal estatal ECTV, con muchísima frecuencia pasan imágenes de la crisis bancaria de finales de los 90 y terminan culpando a los hermanos Roberto Isaías y William Isaías casi de todas sus consecuencias. Transmiten imágenes dolorosas de las personas que perdieron sus depósitos en el cierre de una veintena de bancos, pero la conclusión siempre es que todo ha sido culpa de los hermanos Isaías y que el gobierno les ha confiscado sus bienes para en algo recuperar el perjuicio causado.

Toda la información es sacada de contexto. Nunca se ha mencionado que Filanbanco no cerró en manos de los hermanos Isaías, quienes salieron el 2 diciembre 1998, al momento de su estatización, sino en julio 2001 luego de que varias administraciones burocráticas y políticas lo quebraron. Los depositantes perjudicados que se ven en la televisión, en imágenes que se reeditan con la mala intención de presionar a los jueces, no son depositantes de los hermanos Isaías, sino del Estado ecuatoriano y de una veintena de otros bancos que cerraron sus puertas en la crisis.

En otros términos, la estrategia mediática y política del gobierno está trazada para lograr la condena de los hermanos Isaías a toda costa, sin la menor discreción ni reparo ético ni democrático. Es una invasión directa y contundente en la independencia de la Función Judicial, para mantenerla controlada a sus intereses.

Violaciones al Debido Proceso en el Caso Isaías (VIII Parte)

Aplicación indebida y retroactiva de una norma que permite el juzgamiento en ausencia, pero a otro tipo de personas y por otro tipo de delitos:


Los hechos que se investigan en el proceso, grosso modo, se llevaron a cabo en los años 90 y hasta principios del año 1998, cuando en el Ecuador estaba vigente la Constitución de 1979, que nada decía sobre el juzgamiento en ausencia. De hecho, las normas procesales vigentes a la fecha decían que el proceso se suspende hasta que los sindicados se entreguen o sean capturados para su juzgamiento.

El 11 agosto de 1998 entró en vigencia una nueva Constitución, que en su artículo 121 incluyó una disposición que permitía el juzgamiento en ausencia para los funcionarios y servidores públicos en general que sean culpables de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La disposición estaba dentro un de un Capítulo denominado “De La Función Pública” y su texto refiere claramente a dichas personas como posibles sujetos pasivos de ser juzgados en ausencia.

Los hermanos Roberto Isaías y William Isaías no eran funcionarios públicos, ni son investigados por los delitos de que trata la norma constitucional del año 1998. El peculado bancario o financiero no tiene el mismo tratamiento del peculado de fondos públicos, ni es posible en materia penal aplicar retroactivamente disposiciones legales que perjudiquen la situación de los sindicados de un proceso penal.

No obstante lo anterior, se han dictado providencias judiciales disponiendo el juzgamiento en ausencia de los hermanos Roberto Isaías y William Isaías y el juez actual de la causa se ha negado a revocar dichas providencias y ha negado el derecho de apelación por este asunto. Los empresarios Isaías están siendo juzgados ilegalmente en ausencia.

Violaciones al Debido Proceso en el Caso Isaías (VII Parte)

La interferencia de las demás funciones del Estado en la Función Judicial, principalmente del Ejecutivo:

Como se dijo en el punto anterior, la destitución de los Conjueces, su enjuiciamiento penal y la conformación del tribunal ad-hoc fueron consecuencia de una evidente presión política por parte del régimen del Presidente Correa.

Una vez que los Conjueces dictaron el auto reformatorio del viernes 15 enero 2009, la reacción del Presidente Correa, sus ministros y sus Asambleístas en la legislatura no se hizo esperar. Era de entenderse, las confiscaciones de las que se hará referencia en la segunda parte de este informe hubieran quedado aún con menos sustento legal si no existía una condena contra los hermanos Roberto Isaías y William Isaías por “peculado bancario”.

Luego de las declaraciones del Presidente, el primero en reaccionar fue el bloque legislativo de Alianza País en la Asamblea Nacional, específicamente los asambleístas Virgilio Hernández y César Rodríguez, que el 19 enero 2009 remitieron un correo electrónico a todos los medios de comunicación y emitieron una rueda de prensa, exigiendo:

1. Que el Fiscal General del Estado inicie una investigación por prevaricato contra los conjueces y pida su prisión preventiva.
   
   
2. Que el Consejo de la Judicatura destituya de inmediato a los conjueces, pues de lo contrario se iniciaría un juicio político en contra de sus miembros.
   
   
3. Y que la Corte Constitucional de inmediato inicie una acción extraordinaria de protección para anular el fallo.

Esa misma mañana, el doctor Washington Pesantez, Fiscal General del Estado, anunciaba el inicio de la investigación y el pedido de prisión preventiva para los Conjueces, evidenciando el control del gobierno sobre el ministerio público.

Simultáneamente, el doctor Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura, para librarse del juicio político con que lo amenazaron, acató de inmediato la orden y, sin siquiera preocuparse de abrir un expediente, suspendió por 90 días a los Conjueces. Esta suspensión era necesaria para poder dar paso al Tribunal de Excepción o de jueces “ocasionales”, antes referido.

La semana siguiente, el 26 enero 2010 los miembros de la Asamblea aprobaron por mayoría de votos (todos los votos del gobierno incluidos) una resolución que básicamente recogía las declaraciones de los Asambleístas Hernández y Rodríguez, la que se publicó en el Registro Oficial del 4 febrero 2010. Esta es una de las pocas ocasiones, si no la única, en que un acto tan grave de intromisión en la justicia por parte de la legislatura, en una acción política instruida por el Presidente de la República, se publica en el Registro Oficial.

Con tan fuerte intromisión política es imposible que existan jueces dispuestos a conocer este caso con independencia y honestidad, pues hay dos caminos: o la condena a los hermanos Isaías por peculado bancario o la destitución y probablemente la cárcel para los jueces que no procedan de esa manera.