La interferencia de las demás funciones del Estado en la Función Judicial, principalmente del Ejecutivo:
Como
se
dijo
en
el
punto
anterior,
la
destitución
de
los
Conjueces,
su
enjuiciamiento
penal
y
la
conformación
del
tribunal
ad-hoc
fueron
consecuencia
de
una
evidente
presión
política
por
parte
del
régimen
del
Presidente
Correa.
Una
vez que los Conjueces dictaron el auto reformatorio del viernes 15
enero 2009, la reacción del Presidente Correa, sus ministros y sus
Asambleístas en la legislatura no se hizo esperar. Era de
entenderse, las confiscaciones de las que se hará referencia en la
segunda parte de este informe hubieran quedado aún con menos
sustento legal si no existía una condena contra los hermanos Roberto Isaías y William Isaías por “peculado bancario”.
Luego
de las declaraciones del Presidente, el primero en reaccionar fue el
bloque legislativo de Alianza País en la Asamblea Nacional,
específicamente los asambleístas Virgilio Hernández y César
Rodríguez, que el 19 enero 2009 remitieron un correo electrónico a
todos los medios de comunicación y emitieron una rueda de prensa,
exigiendo:
- Que el Fiscal General del Estado inicie una investigación por prevaricato contra los conjueces y pida su prisión preventiva.
- Que el Consejo de la Judicatura destituya de inmediato a los conjueces, pues de lo contrario se iniciaría un juicio político en contra de sus miembros.
- Y que la Corte Constitucional de inmediato inicie una acción extraordinaria de protección para anular el fallo.
Esa
misma
mañana,
el
doctor
Washington
Pesantez,
Fiscal
General
del
Estado,
anunciaba
el
inicio
de
la
investigación
y
el
pedido
de
prisión
preventiva
para
los
Conjueces,
evidenciando
el
control
del
gobierno
sobre
el
ministerio
público.
Simultáneamente,
el
doctor
Benjamín
Cevallos,
presidente
del
Consejo
de
la
Judicatura,
para
librarse
del
juicio
político
con
que
lo
amenazaron,
acató
de
inmediato
la
orden
y,
sin
siquiera
preocuparse
de
abrir
un
expediente,
suspendió
por
90 días
a
los
Conjueces.
Esta
suspensión
era
necesaria
para
poder
dar
paso
al
Tribunal
de
Excepción
o
de
jueces
“ocasionales”,
antes
referido.
La
semana
siguiente,
el
26 enero
2010 los
miembros
de
la
Asamblea
aprobaron
por
mayoría
de
votos
(todos
los
votos
del
gobierno
incluidos)
una
resolución
que
básicamente
recogía
las
declaraciones
de
los
Asambleístas
Hernández
y
Rodríguez,
la
que
se
publicó
en
el
Registro
Oficial
del
4 febrero
2010.
Esta
es
una
de
las
pocas
ocasiones,
si
no
la
única,
en
que
un
acto
tan
grave
de
intromisión
en
la
justicia
por
parte
de
la
legislatura,
en
una
acción
política
instruida
por
el
Presidente
de
la
República,
se
publica
en
el
Registro
Oficial.
Con
tan
fuerte
intromisión
política
es
imposible
que
existan
jueces
dispuestos
a
conocer
este
caso
con
independencia
y
honestidad,
pues
hay
dos
caminos:
o
la
condena
a
los
hermanos
Isaías
por
peculado
bancario
o
la
destitución
y
probablemente
la
cárcel
para
los
jueces
que
no
procedan
de
esa
manera.
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