Los hechos que se investigan en el proceso, grosso modo, se llevaron a cabo en los años 90 y hasta principios del año 1998, cuando en el Ecuador estaba vigente la Constitución de 1979, que nada decía sobre el juzgamiento en ausencia. De hecho, las normas procesales vigentes a la fecha decían que el proceso se suspende hasta que los sindicados se entreguen o sean capturados para su juzgamiento.
El
11 agosto
de
1998 entró
en
vigencia
una
nueva
Constitución,
que
en
su
artículo
121 incluyó
una
disposición
que
permitía
el
juzgamiento
en
ausencia
para
los
funcionarios
y
servidores
públicos
en
general
que
sean
culpables
de
los
delitos
de
peculado,
cohecho,
concusión
y
enriquecimiento
ilícito.
La
disposición
estaba
dentro
un
de
un
Capítulo
denominado
“De
La
Función
Pública”
y
su
texto
refiere
claramente
a
dichas
personas
como
posibles
sujetos
pasivos
de
ser
juzgados
en
ausencia.
Los
hermanos Roberto Isaías y William Isaías no
eran
funcionarios
públicos,
ni
son
investigados
por
los
delitos
de
que
trata
la
norma
constitucional
del
año
1998. El
peculado
bancario
o
financiero
no
tiene
el
mismo
tratamiento
del
peculado
de
fondos
públicos,
ni
es
posible
en
materia
penal
aplicar
retroactivamente
disposiciones
legales
que
perjudiquen
la
situación
de
los
sindicados
de
un
proceso
penal.
No
obstante
lo
anterior,
se
han
dictado
providencias
judiciales
disponiendo
el
juzgamiento
en
ausencia
de
los
hermanos Roberto Isaías y William Isaías y
el
juez
actual
de
la
causa
se
ha
negado
a
revocar
dichas
providencias
y
ha
negado
el
derecho
de
apelación
por
este
asunto.
Los
empresarios
Isaías
están
siendo
juzgados
ilegalmente
en
ausencia.
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