Quizá lo más insólito de todo es que, por las ilegalidades antedichas, personas muy cercanas al gobierno de Rafael Correa se negaron a incautar las empresas y los canales de los señores Isaías. El entonces Gerente General de la AGD, Economista Oswaldo Padilla, se negó a hacerlo y tuvo que “renunciar”. En su lugar, el 4 julio 2008, se nombró al doctor Carlos Bravo Macías, una persona que públicamente se ha declarado como enemiga de la familia Isaías. Cuatro días después el flamante Gerente General firmó la resolución de incautación de más de doscientas empresas que se presumen vinculadas a la familia.
Otra
persona
muy
cercana
al
presidente
Correa,
su
Ministro
de
Finanzas,
economista
Fausto
Ortiz,
reveló
ante
la
prensa
nacional,
gravísimas
irregularidades
cometidas
por
el
Directorio
de
la
AGD
al
respecto.
Según
denunció
el
economista
Ortiz,
en
la
sesión
del
8 de
julio,
solo
se
nombró
como
Gerente
al
doctor
Carlos
Bravo.
Luego,
el
Acta
de
la
Sesión
fue
modificada,
por
orden
directa
del
Presidente
Rafael
Correa,
donde
se
incluyó
como
sugerencia
al
recién
nombrado
gerente,
que
este
aplique
el
artículo
29 de
la
Ley
AGD.
El
entonces
Ministro
de
Economía,
protestó
respecto
del
contenido
falso
del
Acta,
pues
según
él,
dicha
“sugerencia”
no
había
sido
tratada
en
la
Sesión.
Por
ello,
se
negó
a
firmar
el
documento,
pues
el
mismo
adolecía
de
falsedad
ideológica,
y
además,
no
contaban
con
la
anuencia
del
mencionado
Ministro,
por
lo
que
su
negativa
invalidó
– aún
más-
la
resolución,
porque
el
cuarto
inciso
del
Art.
22 de
la
Ley
AGD
dispone:
“Las decisiones de la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se tomarán por mayoría
absoluta de votos, debiéndose contar con el voto favorable del
Ministro de Economía y Finanzas, para que exista resolución
válida.”
Ese
mismo
día,
el
Presidente
de
la
República,
solicitó
la
renuncia
del
economista
Ortiz.
El
economista
Ortiz,
denunció
públicamente
el
hecho
en
la
televisión
nacional,
se
utilizó
– a
sabiendas-
un
documento
falso,
por
orden
del
más
alto
representante
del
Ecuador,
el
Presidente
de
la
República.
Ninguna
autoridad
inició
investigación
alguna,
pese
a
que
los
hechos
denunciados
por
el
ex
Ministro
Ortiz
constituyen
delito
según
el
Código
Penal
ecuatoriano.
Lo
anterior
implica
la
violación
de
normas
elementales
del
debido
proceso,
garantizadas
por
la
Constitución
ecuatoriana
y
por
todos
los
tratados
de
derechos
humanos.
Lo
que
se
hizo
fue
ejecutar
una
resolución
que
nunca
fue
aprobada
ni
tratada
en
la
Sesión
en
mención,
bajo
presión
directa
del
Presidente
de
la
República,
quien
se
valió
de
un
documento
FALSO
para
incautar
bienes
por
más
de
800 millones
de
dólares
que
pertenecen
a
la
familia
Isaías
y
terceros.
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