Derechos violentados durante el 30S (V Parte)

Se violentó el derecho a no interferir en la vida privada, y en la honra y reputación.

Declaración Universal de los Derechos HumanosArt. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Durante y después de los sucesos del 30S, el gobierno emprendió una campaña sistemática de difamación contra diversas personas, políticos opositores, catedráticos, periodistas y ciudadanos comunes acusándolos de "golpistas", afectando su honra e incluso amenazando su integridad física. 

El gobierno ha utilizado los canales públicos y ha irrumpido en los privados para imponer la dudosa versión de que fue objeto de un intento de golpe de estado, para a su vez acusar de golpistas a diversos ciudadanos que se le oponen públicamente. Son los casos de: el economista Pablo Lucio Paredes, el periodista Carlos Vera, el ex-presidente Lucio Gutiérrez, el Cnel. (r) Mario Pazmiño, etre otros. La estrategia del gobierno ha sido el linchamiento mediático y público a través de injurias, con acusaciones sin base legal y siendo evidente la falta de pruebas que respalden estas acusaciones.

Derechos violentados durante el 30S (IV Parte)

Se violentó el derecho a la libre opinión y expresión, y a recibir informaciones y opiniones:

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Art. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

1. En los casos ya citados  de María Alejandra Cevallos y Pablo Guerrero, las acusaciones configuran claramente una violación al Artículo 19. de la Declaración Universal de los Derechos humanos, ya que su participación durante el 30S se limitó a expresar una opinión en el canal público EcuadorTV, invitados por los funcionarios del canal. Sin embargo, el gobierno del Ecuador los acusa de los gravísimos cargos de sabotaje y terrorismo, y ha pedido y obtenido, medidas cautelares contra ellos pese a no existir pruebas de tales delitos.
2. La cadena nacional obligatoria dispuesta por el presidente Rafael Correa en sí misma fue un grave atentado contra el derecho a la libre expresión tanto de los medios como de los ciudadanos, pues impidió la libertad de  investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas.

Derechos violentados durante el 30S (III Parte)

Se violentó el principio de presunción de inocencia:

Declaración Universal de los Derechos HumanosArt. 11 Num. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

 En los días posteriores al 30S se iniciaron diversas demandas contra funcionarios. Se acusó por magnicidio al Cnel. César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y los policías Luis Martínez, Jaime Paucar y Luis Bahamonde. Se acusó por sabotaje y terrorismo a: Marcelo Max Marín Guzmán, Paúl Esteban Camacho Falconi, Pablo Emilio Guerrero Martínez, María Alejandra Cevallos Cordero, Francisco Daniel Endara Daza, Patricio Tonny Fajardo Larrea, José Luis Guerrero Martínez, Galo Efraín Monteverde Castro, Víctor Hugo Erazo Rodríguez, María Graciela Crespo Ponce, Nery Cristóbal Proaño Tamayo, Juan Carlos Carrasco Guerra y Xavier Andrés Montedeoca Salazar. En casi todos los casos sin pruebas que vinculen a los imputados con la supuesta destrucción de bienes del canal EcuadorTV.

Alejandra Cevallos, opositora perseguida

por dar su opinión en el canal estatal.

Derechos Violentados Durante el 30S (II Parte)

César Carrión, perseguido por decir

que el presidente no fue secuestrado    

Se violentó el derecho a la libertad e integridad física Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Art. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Durante los sucesos del 30S, varios civiles, funcionarios, militares y policías fueron detenidos arbitrariamente, agredidos y vejados, por alguna de las partes en conflicto, en todos los casos la responsabilidad recae sobre los organismos del Estado, desde la Presidencia de la república, sus distintas oficinas y sus organismos de seguridad.

Derechos violentados durante el 30S (I Parte)

Froilán jimenez, asesinado en el 30S

La siguiente es una lista de los principales derechos violentados durante la rebelión del 30 de Septiembre. Muchos fueron los derechos violentados, principalmente el derecho a la vida e integridad personal, el derecho a la libertad personal, al libre tránsito y a la libre expresión

Se violentó el derecho fundamental a la vida

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

La muerte de 10 personas durante los sucesos del 30S, cinco de ellas directamente por efectivos militares y policiales y otras cinco indirectamente debido a la paralización de la seguridad ciudadana provista por el Estado, son responsabilidad directa del Estado, la impunidad que envuelve a estas muertes es inaceptable. Hay responsabilidad dolosa por parte de quienes ejecutaron los disparos y culposa de quienes ordenaron las operaciones armadas contra los manifestantes civiles y del rescate armado del Presidente Correa, hay clara responsabilidad por negligencia del presidente Correa por haber retado a los sublevados a terminar con su vida, responsabilidad penal por incitar a la violencia, también hay responsabilidad administrativa por cargos de delitos contra la seguridad pública por desafiar a los sublevados  a cometer magnicidio . Hay responsabilidad de tipo penal sobre el canciller Ricardo Patiño por incentivar al desorden público al llamar a los simpatizantes del gobierno a "tomarse el hospital" para rescatar al presidente Correa.

Detenida Prefecta de Orellana por caso Dayuma

Detención arbitraria de Guadalupe Llori

En nueve años se han dado once paralizaciones en la parroquia Dayuma, de Orellana. De esa zona se extraen unos 40 mil barriles de petróleo por día, pero las carencias son evidentes. Hace dos semanas un nuevo paro se dio porque no se transfirieron recursos para asfaltar una vía, pero el Ejército intervino y hay 22 presos.

Dayuma vive en estos días una nueva guerra y una segunda estampida de pobladores, por culpa del petróleo. La primera se dio en la década del sesenta, cuando el pueblo no era pueblo, ni tenía nombre. Era selva dominada por los huaorani y tagaeri, indígenas a quienes se los llamaba aucas y eran muy temidos. Pero llegaron las petroleras y los desplazaron. Atrás entraron agricultores pobres que huían de la sequía en Loja y Manabí especialmente. Ellos formaron el pueblo y lo llamaron Dayuma en honor a una huaorani que huyó de un conflicto tribal, se alojó donde un colono y fue adoptada por miembros del Instituto Lingüístico de Verano (evangélicos de EE.UU.).