Grupos sociales exigen que no se judicialice la protesta social

En la Plaza del Teatro. Los transeúntes veían el cartel con los nombres de 180 dirigentes indígenas y campesinos acusados de terrorismo. Apoyaron para que la protesta social no se criminalice.

Amnistía Internacional condena sistema de justicia penal en Ecuador

Lea: Declaración de Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional emitió un comunicado titulado "Ecuador: no más abuso del sistema de justicia penal para acallar las voces críticas". En el mismo expresa su "profunda preocupación sobre la condena a un año de prisión y 100 mil dólares de multa a la defensora de derechos humanos Mónica Chuji".

Amnistía Internacional critica al gobierno por abuso de justicia penal

La organización Amnistía Internacional emitió un comunicado titulado “Ecuador: no más abuso del sistema de justicia penal para acallar las voces críticas”. En el mismo expresa su “profunda preocupación sobre la condena a un año de prisión y 100 mil dólares de multa a la defensora de derechos humanos Mónica Chuji”.

Deficiencia en servicios de justicia

La descripción del talento humano de la Función Judicial (FJ) registra la falta de elementos técnicos y normativos homogéneos, que garanticen una eficaz y eficiente administración que incida en los servicios de justicia y genere cultura de calidad.

Intención de regular Twitter abre debate

‘El torero no entra al ruedo si no sabe a lo que se enfrenta”, esta frase ejemplifica lo que debe suceder en Twitter. Todos: políticos, autoridades y ciudadanos comunes se expresan libremente a través de sus tuits o trinos.

Ecuador, al margen de la condena mundial a Siria por los DD.HH.

El Gobierno ecuatoriano se convirtió en uno de los cuatro países que no se sumó a la exigencia mundial de que Siria rinda cuentas por la supuesta represión de su Gobierno a las protestas civiles. Para las Naciones Unidas, la Unión Europea, EE.UU., y la Liga Árabe, la crisis política en ese país de Oriente Medio ha desencadenado en sangrientas jornadas que, desde marzo pasado, han cobrado la vida de 4000 personas.
El debate por la defensa de los derechos humanos pone nuevamente al Ecuador en una situación compleja de cara al mundo.

Chuji apeló y pidió nulidad del fallo en su contra

La defensa de Mónica Chuji, ex secretaria de Comunicación de este Régimen, presentó ayer el recurso de nulidad y la apelación a la sentencia emitida en su contra.
Ella fue condenada a un año de prisión y a cancelar el monto de USD 100 000, como indemnización por supuestamente haber injuriado al secretario de la Administración, Vinicio Alvarado.
La demanda fue planteada porque Chuji lo llamó“nuevo rico”, en una entrevista concedida a este Diario. A criterio de Alvarado, esta afirmación insinuaba que se había enriquecido ilícitamente.
Sin embargo, la dirigente indígena aclaró que no lo injurió y que nunca insinuó nada más que lo que dijo en la entrevista. Por ello, pidió la nulidad de la sentencia condenatoria y además apeló el fallo del juez Décimo Cuarto de Garantías Penales, Wilson Lozada.
Esta decisión obliga a que la causa continúe con el trámite ordinario, a pesar de que Alvarado decidió perdonar a Chuji y presentó, el viernes pasado, un pedido para concluir con el proceso.
“Vamos a remitir la causa y por lo tanto la señora Chuji podrá regresar a su casa y no tendrá que dar un centavo”, manifestó el Secretario de la Administración el viernes último.

Con la remisión, el proceso podía terminar de inmediato si la ex Secretaria de Comunicación no apelaba o planteaba la nulidad de todo lo actuado por el Juez.
Según el jurista Ramiro Román, para que una persona sea “perdonada debería aceptar ese perdón. Y acudir ante el Juez para presentar por escrito la aceptación. Caso contrario el proceso continúa su trámite normal”, explicó.
Sin embargo, para Chuji es inaceptable ser “perdonada” por su ex compañero de Gabinete. Ella considera que la figura del perdón significa que cometió un crimen y no lo hizo.
“Rechazamos esa seudo bondad y perdón porque no es Dios. Solo se pretende sentar un precedente para que nadie pueda alzar a mirar al poder. Quieren cerrar la posibilidad de hablar”, dijo.
Incluso, contó que ha recibido la solidaridad de varios sectores y de organizaciones extranjeras como Amnistía Internacional. “Me llamaron muy preocupados por lo que sucede y me dijeron que estarán atentos a todo lo que pase”, puntualizó Chuji.
Con la apelación, ahora la Corte de Justicia de Pichincha deberá tramitar el juicio. No obstante, el caso podría terminarse si Alvarado desiste o abandona el caso.
Según el jurista Juan Francisco Guerrero, el caso puede terminarse cuando el demandante lo desee por tres vías: la remisión, que significa el perdón de un delito; el desestimiento y el abandono, que significan concluir el juicio sin que haya una sentencia.
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Procuraduría cuestiona el pedido que hizo este Diario ante la CIDH

Medidas cautelares pedidas por los directivos son ‘improcedentes’, sostiene el Estado.

A través de un escrito presentado el pasado viernes por la Procuraduría General, el Estado ecuatoriano rechazó por “improcedente” el pedido de medidas cautelares efectuado por los directivos de EL UNIVERSO y su exeditor de Opinión, Emilio Palacio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 24 de octubre anterior, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez junto con Palacio presentaron dicha solicitud argumentando que, de ejecutarse la sentencia en su contra por supuestas injurias calumniosas al presidente Rafael Correa, esta les causaría un grave e irreparable daño al privarlos de la libertad y generar la quiebra de la compañía.

Los querellados fueron condenados a tres años de cárcel y el pago de una millonaria indemnización para Correa.

En atención a ese requerimiento, la CIDH pidió al Estado ecuatoriano que presentara, en un plazo de diez días contados desde el 15 de noviembre pasado, sus observaciones y entregara información referente a cinco preguntas sobre el proceso judicial contra este Diario.

Según un boletín de la Procuraduría, “el pedido no cumple las condiciones de extrema gravedad, urgencia, irreparabilidad, inminencia, verosimilitud y temporalidad necesarias para el otorgamiento de medidas cautelares”.

Según el Estado, el pago de $ 40 millones no es señal de afectación patrimonial definitiva." ... con respecto a la posible sanción civil, no existe evidencia alguna –más allá de las afirmaciones de las presuntas víctimas- de que el posible detrimento patrimonial de los solicitantes no sea recuperable en el tiempo; o que ello implique, inminentemente, la quiebra de la persona jurídica “EL UNIVERSO”; de manera que ésta no resulta una presunción razonable", dice la Procuraduría.

“La posible censura, ruina y pérdida del patrimonio de los presuntos afectados como consecuencia de un proceso civil, así como la posible pena de prisión por un delito tipificado en la legislación penal ecuatoriana, no implica la existencia de un riesgo de daño sumamente grave y que, por ello, resulte urgente adoptar una medida cautelar”, refiere el comunicado de la Procuraduría.

El organismo estatal advirtió que la “naturaleza subsidiaria” del Sistema Interamericano “impide que la CIDH pueda pronunciarse en contra de procesos judiciales que aún se ventilan en el derecho interno”, salvo que existan presunciones de violaciones a las garantías procesales consagradas en la Convención. Esto, afirma, no ha sido planteado por los Pérez y Palacio en su petitorio.

“En consecuencia, el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH en este caso implicaría no solo el prejuzgamiento sobre el fondo del proceso sino una intromisión manifiesta en la soberanía nacional, puesto que el Estado ecuatoriano aún no ha sido notificado con una petición planteada ante el Sistema Interamericano”, concluye la Procuraduría, la cual no respondió a las preguntas de la Comisión.

Cinco preguntas

PLANTEADAS POR LA CIDH AL GOBIERNO

1. Si el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia es un recurso ordinario o extraordinario. Así como también si los propuestos beneficiarios puede ejercer algún recurso adicional para recurrir las resoluciones señaladas.

2. Cuáles son los criterios utilizados para la definición del monto de las sanciones pecuniarias a cargo de los propuestos beneficiarios.

3. Si existen otras decisiones similares, al menos en los últimos cinco años, en las cuales las autoridades competentes hubiesen impuesto sanciones con cuantías de hasta treinta millones de dólares o mayores, por delitos contra la honra de funcionarios públicos realizadas por periodistas o medios de comunicación.

4. Cuáles son los elementos utilizados para aplicar, bajo la normativa y jurisprudencia ecuatorianas, la responsabilidad penal por una “autoría coadyuvante” de los delitos contra la honra de funcionarios públicos.

5. Cualquier información que se considere pertinente.

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En la contienda de 2013 los partidos competirían con reglas desiguales

El método de asignación de escaños que el oficialismo propone para las elecciones de 2013 resulta inequitativo para las fuerzas políticas. Esa es una de las conclusiones de Carlos Aguinaga, ex presidente del ex Tribunal Supremo Electoral.
El tema es parte del paquete de reformas al Código de la Democracia. Y hoy el pleno de la Asamblea realizará el primer debate. En la ley vigente se determina que para distribuir las curules de los legisladores se aplique el método Hare. Y el objetivo del oficialismo es dar paso al método d'Hont.
Carlos Aguinaga dice que el de Hare es más proporcional. Y aunque aún no ha realizado una comparación de ambos métodos con los resultados de la última elección, cita ejemplos. Según él, si un partido tuvo el 5% de los votos tendrá, aplicando el método Hare, el 5% de los escaños. En cambio, el método d'Hont "distorsiona -dice- el pronunciamiento ciudadano": si un partido tiene el 40% de los votos, tranquilamente podría acceder al 50% o 52% de los escaños. Y de esa situación podrían beneficiarse las dos o tres fuerzas políticas mayoritarias.
Pero el método de asignación de escaños no es el único factor que incide en el resultado de los procesos electorales. Aguinaga suma tres elementos: las jurisdicciones, la presentación de candidaturas y las formas de votación. Precisamente sobre este último punto el oficialismo prevé impulsar el voto en plancha o por listas.
Desde 1997, en Ecuador rige el sistema de listas abiertas (el elector puede votar por candidatos de varios partidos). Esto, según Aguinaga, ha distorsionado el comportamiento del sistema electoral. Por ello considera pertinente impulsar el voto por lista o en plancha: "Esa modalidad sería ideal con el voto preferente". Es decir: determinar la posibilidad de que el ciudadano vote por una sola lista pero, a la vez, elija entre quienes la integran.
Un último punto clave de la reforma es la elección de asambleístas en la primera vuelta electoral. Esta propuesta ha sido impulsada por la oposición. Aguinaga apoya el cambio y explica la razón: si los legisladores siguen siendo electos en segunda vuelta, los beneficiados son los partidos finalistas de la elección presidencial.
La Asamblea ahondará en este debate hoy desde las 09:30. De forma previa, posesionará a los vocales del Consejo Nacional Electoral: Paúl Salazar, Magdala Villacís, José Domingo Paredes, Emma Silva y Juan Pablo Pozo. Y a los suplentes: Ana Paredes, Miguel Pondolo, Aro Guangaluz, Arturo Cabrera y Roxana Moncayo.
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