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| Detención arbitraria de Guadalupe Llori |
Dayuma vive en estos días una nueva guerra y una segunda estampida de pobladores, por culpa del petróleo. La primera se dio en la década del sesenta, cuando el pueblo no era pueblo, ni tenía nombre. Era selva dominada por los huaorani y tagaeri, indígenas a quienes se los llamaba aucas y eran muy temidos. Pero llegaron las petroleras y los desplazaron. Atrás entraron agricultores pobres que huían de la sequía en Loja y Manabí especialmente. Ellos formaron el pueblo y lo llamaron Dayuma en honor a una huaorani que huyó de un conflicto tribal, se alojó donde un colono y fue adoptada por miembros del Instituto Lingüístico de Verano (evangélicos de EE.UU.).
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| Detenidos ilegalmente por el ejército, algunos fueron torturados |
Hoy, cuando Dayuma es parroquia de Coca, gran parte de sus 2.800 pobladores ha huido a la selva, 22 de ellos están presos y son acusados por las autoridades como “terroristas y saboteadores”. Dayuma, a 40 km al sur de Coca, se asemeja en estos días a algún poblado rural colombiano donde se desarrolla un conflicto armado interno. Está semiabandonado. En la mayoría de las casas de tablas permanecen solo las mujeres y los niños mientras casi mil militares, equipados con cascos, chalecos antibalas y fusiles recorren la zona en vehículos que levantan grandes polvaredas. Ellos incluso fotografían a los periodistas que realizan una cobertura.
Aquí y en toda la provincia de Orellana rige un estado de emergencia. En Dayuma y la vecina parroquia Inés Arango incluso está vigente un toque de queda de 21:00 a 05:00. El presidente Rafael Correa dispuso esas medidas en vista de un paro que los militares sofocaron hace nueve días y ahora buscan “garantizar la producción petrolera” en esta zona del país.
El paro se gestó hace tres semanas. El motivo: el retraso en las labores de asfaltado en 40 km de la vía de ingreso a Dayuma. La constructora Fopeca argumentó que el Estado le adeudaba unos siete millones de dólares en planillas acumuladas y por eso la obra solo cubre hasta el kilómetro 23.
La planificación definitiva se hizo el sábado 24, en una asamblea a la que asistieron delegados de 89 comunidades de las parroquias Taracoa, Inés Arango, Dayuma y El Dorado, donde se asientan las estaciones Auca Sur, Auca Central y Cononaco, de Petroecuador, y donde operan 47 pozos. Ahí decidieron iniciar la paralización el lunes 26, con el cierre de las vías de ingreso principalmente.
“La carretera está inconclusa y a pesar de que salió una comisión nada logró. Aquí no hay otra forma de conseguir ayuda sino con paros”, refiere Viviana Armijos, habitante del sector, quien insiste en que la asamblea decidió hacer la protesta. Busca aclarar así las expresiones del presidente Rafael Correa de que “existen ciertas mafias vinculadas con politiqueros para extorsionar a las petroleras”.
Este era el undécimo paro en Dayuma, desde 1998. En la primera ocasión, un reclamo de los afiliados al Seguro Social Campesino dejó dos civiles muertos y dos militares heridos.
Siempre estas protestas buscaban atención gubernamental en servicios básicos y mejor trato de las petroleras. Son tres los ejes de reclamo: arreglo de vías y dotación de servicios básicos, que las empresas contraten mano de obra no calificada local y que cesen los derrames de petróleo. En cada paro se firmaba un acuerdo, que generalmente no se cumplía.
El del asfaltado se suscribió el 25 de mayo del 2005. El Estado, por medio del entonces Ministerio de Obras Públicas, se comprometió a trabajar en los 40 km de Coca a Dayuma. Petroecuador y el Consejo Provincial de Orellana acordaron hacerlo del km 40 al km 100 (parroquia Inés Arango) y las petroleras privadas en tres caminos de acceso a El Dorado y Taracoa. Solo el segundo proyecto avanza.
En servicios básicos poco se ha conseguido. La energía eléctrica llegó pero hay constantes interrupciones. Dayuma carece de un sistema de agua potable. Un proyecto del Municipio avanza lento y la provisión se hace en tanqueros. En toda la zona se ve a decenas de mujeres y sus hijos que lavan sus ropas en los esteros que en ocasiones se contaminan por los derrames.
“La riqueza que sale por estos tubos no es para los pobres, es para los de lo alto. Como uno es pobre no puede ni reclamar”, dice Leonor Mejía, manabita de 55 años, quien junto a su vecina Mélida Toro lava ropas en unas tablas colocadas sobre el oleoducto, en la comunidad Nueva Unión. Por ahí pasa también un acueducto que abastece a Petroecuador y donde, “como favor”, los trabajadores de la estatal adaptaron un grifo.
En la parroquia El Dorado, Carmen Yanza, de 41 años, lava sus ropas en un estero. “No recibimos nada. El petróleo no nos deja nada”, afirma la mujer, quien llegó de Loja hace 22 años. Cuenta que dos de sus hijos presentaron carpetas en Petroecuador y en las petroleras privadas, para ofrecer su mano de obra no calificada. No lo lograron y hoy laboran como ayudantes de albañilería en Coca, con un salario de $ 40 semanales.
Pero la tardanza en el asfaltado llenó el vaso de su paciencia, dicen los colonos de la zona. Y vino el paro. El cierre de vías ocasionó la paralización de la producción petrolera que representó, según Petroecuador, una pérdida de casi 3 millones de dólares diarios, ya que se dejaron de producir 36 mil barriles de petróleo al día. Hubo actos de violencia como la quema de una camioneta. Entonces se dictó el estado de emergencia y el viernes 30 entró el Ejército.
“Fue como una guerra. Llegaron disparando. Entraron a las casas y sacaron a los hombres, a quienes los garrotearon antes de llevarlos apilados como sacos, pero ellos no hicieron nada”, asegura Esmeralda Montaño, esposa de Wilson Mantilla, uno de los 22 presos acusados de terrorismo y sabotaje (atentar contra la seguridad nacional, los bienes y servicios públicos) y que guardan prisión en Tena, a siete horas de Dayuma.
Junto a su esposo llegó a Dayuma hace tres meses, de Manabí. Aquí, él se ocupaba de conserje en Fopeca, con un sueldo de $ 216 al mes. A las 09:00 del día de la incursión, Mantilla descansaba en el cuarto que arrienda por $ 30 mensuales. “Tiene una lesión en la pierna y no camina bien, renguea. Cómo iba a estar en el paro”, cuestiona. Es martes 4 de diciembre y Esmeralda está sentada a la vera del camino, sin saber que a su esposo le pueden sentenciar hasta a doce años de reclusión por el delito que se le acusa.
Ella no tiene dinero para viajar a verlo, peor para contratar un abogado defensor. En la misma situación están algunas de las mujeres de los 22 presos, en su mayoría personas de escasos recursos y que –según sus parejas– no protagonizaron actos vandálicos y fueron sacados de sus casas. Otro grupo, con apoyo de personas caritativas, hace un periplo por Quito y Montecristi (sede de la Constituyente), para pedir justicia.
Entre los enjuiciados están el vendedor de sandías, el vulcanizador, el jornalero, un indígena shuar y obreros de las petroleras y la constructora Fopeca.
Uno de los más golpeados por los militares fue Claudio Plazarte, quien en su pómulo izquierdo presentaba un gran hematoma. “Se confundieron. Los militares decían que buscaban a Gonzalo pero le garrotearon a mi Claudio. Hasta a mí me empujaron”, señala su madre, Dora Maldonado. Su otro vástago, Juan, también está preso.
El general Fabián Narváez, comandante de la IV División Amazonas, dice que los moradores agredieron al personal militar con disparos de cartuchera y tacos de dinamita, cuando querían despejar la vía. Un policía y un militar resultaron heridos. Aclara: “El uso de la fuerza fue proporcional a la agresión a los soldados. El militar está capacitado y sometido a una norma. Cambiamos el fusil por un casco, un escudo y un tolete... Si le agreden, hay una reacción mecánica, el soldado responde mecánicamente a una agresión”.
Los dirigentes comunitarios de la zona son buscados para que respondan por los daños que causó la protesta. Los pobladores reclaman pero piden no se citen sus nombres. “Quieren humillar al pueblo para que escarmiente y no moleste más, para así ellos poder sacar el petróleo, llevarse el dinero a otro lado y no dejarnos nada. Pero tendremos que seguir luchando como sea”, menciona uno de ellos.
Aquí y en toda la provincia de Orellana rige un estado de emergencia. En Dayuma y la vecina parroquia Inés Arango incluso está vigente un toque de queda de 21:00 a 05:00. El presidente Rafael Correa dispuso esas medidas en vista de un paro que los militares sofocaron hace nueve días y ahora buscan “garantizar la producción petrolera” en esta zona del país.
El paro se gestó hace tres semanas. El motivo: el retraso en las labores de asfaltado en 40 km de la vía de ingreso a Dayuma. La constructora Fopeca argumentó que el Estado le adeudaba unos siete millones de dólares en planillas acumuladas y por eso la obra solo cubre hasta el kilómetro 23.
La planificación definitiva se hizo el sábado 24, en una asamblea a la que asistieron delegados de 89 comunidades de las parroquias Taracoa, Inés Arango, Dayuma y El Dorado, donde se asientan las estaciones Auca Sur, Auca Central y Cononaco, de Petroecuador, y donde operan 47 pozos. Ahí decidieron iniciar la paralización el lunes 26, con el cierre de las vías de ingreso principalmente.
“La carretera está inconclusa y a pesar de que salió una comisión nada logró. Aquí no hay otra forma de conseguir ayuda sino con paros”, refiere Viviana Armijos, habitante del sector, quien insiste en que la asamblea decidió hacer la protesta. Busca aclarar así las expresiones del presidente Rafael Correa de que “existen ciertas mafias vinculadas con politiqueros para extorsionar a las petroleras”.
Este era el undécimo paro en Dayuma, desde 1998. En la primera ocasión, un reclamo de los afiliados al Seguro Social Campesino dejó dos civiles muertos y dos militares heridos.
Siempre estas protestas buscaban atención gubernamental en servicios básicos y mejor trato de las petroleras. Son tres los ejes de reclamo: arreglo de vías y dotación de servicios básicos, que las empresas contraten mano de obra no calificada local y que cesen los derrames de petróleo. En cada paro se firmaba un acuerdo, que generalmente no se cumplía.
El del asfaltado se suscribió el 25 de mayo del 2005. El Estado, por medio del entonces Ministerio de Obras Públicas, se comprometió a trabajar en los 40 km de Coca a Dayuma. Petroecuador y el Consejo Provincial de Orellana acordaron hacerlo del km 40 al km 100 (parroquia Inés Arango) y las petroleras privadas en tres caminos de acceso a El Dorado y Taracoa. Solo el segundo proyecto avanza.
En servicios básicos poco se ha conseguido. La energía eléctrica llegó pero hay constantes interrupciones. Dayuma carece de un sistema de agua potable. Un proyecto del Municipio avanza lento y la provisión se hace en tanqueros. En toda la zona se ve a decenas de mujeres y sus hijos que lavan sus ropas en los esteros que en ocasiones se contaminan por los derrames.
“La riqueza que sale por estos tubos no es para los pobres, es para los de lo alto. Como uno es pobre no puede ni reclamar”, dice Leonor Mejía, manabita de 55 años, quien junto a su vecina Mélida Toro lava ropas en unas tablas colocadas sobre el oleoducto, en la comunidad Nueva Unión. Por ahí pasa también un acueducto que abastece a Petroecuador y donde, “como favor”, los trabajadores de la estatal adaptaron un grifo.
En la parroquia El Dorado, Carmen Yanza, de 41 años, lava sus ropas en un estero. “No recibimos nada. El petróleo no nos deja nada”, afirma la mujer, quien llegó de Loja hace 22 años. Cuenta que dos de sus hijos presentaron carpetas en Petroecuador y en las petroleras privadas, para ofrecer su mano de obra no calificada. No lo lograron y hoy laboran como ayudantes de albañilería en Coca, con un salario de $ 40 semanales.
Pero la tardanza en el asfaltado llenó el vaso de su paciencia, dicen los colonos de la zona. Y vino el paro. El cierre de vías ocasionó la paralización de la producción petrolera que representó, según Petroecuador, una pérdida de casi 3 millones de dólares diarios, ya que se dejaron de producir 36 mil barriles de petróleo al día. Hubo actos de violencia como la quema de una camioneta. Entonces se dictó el estado de emergencia y el viernes 30 entró el Ejército.
“Fue como una guerra. Llegaron disparando. Entraron a las casas y sacaron a los hombres, a quienes los garrotearon antes de llevarlos apilados como sacos, pero ellos no hicieron nada”, asegura Esmeralda Montaño, esposa de Wilson Mantilla, uno de los 22 presos acusados de terrorismo y sabotaje (atentar contra la seguridad nacional, los bienes y servicios públicos) y que guardan prisión en Tena, a siete horas de Dayuma.
Junto a su esposo llegó a Dayuma hace tres meses, de Manabí. Aquí, él se ocupaba de conserje en Fopeca, con un sueldo de $ 216 al mes. A las 09:00 del día de la incursión, Mantilla descansaba en el cuarto que arrienda por $ 30 mensuales. “Tiene una lesión en la pierna y no camina bien, renguea. Cómo iba a estar en el paro”, cuestiona. Es martes 4 de diciembre y Esmeralda está sentada a la vera del camino, sin saber que a su esposo le pueden sentenciar hasta a doce años de reclusión por el delito que se le acusa.
Ella no tiene dinero para viajar a verlo, peor para contratar un abogado defensor. En la misma situación están algunas de las mujeres de los 22 presos, en su mayoría personas de escasos recursos y que –según sus parejas– no protagonizaron actos vandálicos y fueron sacados de sus casas. Otro grupo, con apoyo de personas caritativas, hace un periplo por Quito y Montecristi (sede de la Constituyente), para pedir justicia.
Entre los enjuiciados están el vendedor de sandías, el vulcanizador, el jornalero, un indígena shuar y obreros de las petroleras y la constructora Fopeca.
Uno de los más golpeados por los militares fue Claudio Plazarte, quien en su pómulo izquierdo presentaba un gran hematoma. “Se confundieron. Los militares decían que buscaban a Gonzalo pero le garrotearon a mi Claudio. Hasta a mí me empujaron”, señala su madre, Dora Maldonado. Su otro vástago, Juan, también está preso.
El general Fabián Narváez, comandante de la IV División Amazonas, dice que los moradores agredieron al personal militar con disparos de cartuchera y tacos de dinamita, cuando querían despejar la vía. Un policía y un militar resultaron heridos. Aclara: “El uso de la fuerza fue proporcional a la agresión a los soldados. El militar está capacitado y sometido a una norma. Cambiamos el fusil por un casco, un escudo y un tolete... Si le agreden, hay una reacción mecánica, el soldado responde mecánicamente a una agresión”.
Los dirigentes comunitarios de la zona son buscados para que respondan por los daños que causó la protesta. Los pobladores reclaman pero piden no se citen sus nombres. “Quieren humillar al pueblo para que escarmiente y no moleste más, para así ellos poder sacar el petróleo, llevarse el dinero a otro lado y no dejarnos nada. Pero tendremos que seguir luchando como sea”, menciona uno de ellos.
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