Se violentó el derecho a no
interferir en la vida privada, y en la honra y reputación.
Declaración Universal de los Derechos HumanosArt. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Durante y después de los
sucesos del 30S, el gobierno emprendió una campaña sistemática de difamación
contra diversas personas, políticos opositores, catedráticos, periodistas y
ciudadanos comunes acusándolos de "golpistas", afectando su honra e
incluso amenazando su integridad física.
El gobierno ha utilizado los canales
públicos y ha irrumpido en los privados para imponer la dudosa versión de que
fue objeto de un intento de golpe de estado, para a su vez acusar de golpistas
a diversos ciudadanos que se le oponen públicamente. Son los casos de: el
economista Pablo Lucio Paredes, el periodista Carlos Vera, el ex-presidente
Lucio Gutiérrez, el Cnel. (r) Mario Pazmiño, etre otros. La estrategia del
gobierno ha sido el linchamiento mediático y público a través de injurias, con
acusaciones sin base legal y siendo evidente la falta de pruebas que respalden
estas acusaciones.
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