Los abogados del Presidente Rafael Correa, Gutemberg Vera
Páez y Alembert Vera Rivera, han enviado una carta al rector de la
Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, en la que reclaman por la
opinión emitida respecto a la sentencia al diario El Universo, según han informado a LaRepública fuentes cercanas a esa universidad.
En la misiva, los abogados Vera se declaran indignados y describen esas conclusiones como dolosas e injuriosas
y estiman develan un completo desconocimiento del derecho penal
ecuatoriano, agregando que la Universidad no puede tomar partido, por
muy importantes honorarios que reciba.
El tema del pago de honorarios para emitir un criterio, y la
sugerencia de que ese pago influyó en el contenido, es mencionado por lo
menos en cinco ocasiones en la carta. Los abogados dicen creer que ese
criterio emitido desdibuja la imagen de la Universidad Carlos III, que
supuestamente habría dejado de lado los principios universales de la
crítica académica, la autonomía, imparcialidad y contrastación de la
opinión, por la asignación de algún honorario.
Dicen que se reservan el derecho a iniciar acciones legales,
civiles, penales y de daño moral en contra de la Universidad por lo que
describen como conclusiones peregrinas. No obstante, dejan
abierta la posibilidad de que sea falso que la Universidad haya llegado a
tales conclusiones, o que hayan cobrado dinero por emitirlas, por lo
que piden un pronunciamiento exacto de la Universidad de si llegaron a
esa conclusión o si cobraron por emitirlas.
Insisten en que las conclusiones son parcializadas y dolosas.
Resaltan que nunca se les pidió información para emitirlas. Y declaran
estar dispuestos a concurrir a la Universidad para debatir sobre dichas
conclusiones con cualquier profesor.
Mencionan la existencia de juristas calculadores, mercaderes
que no les importa el derecho, que solo les importa el dinero, sicarios
intelectuales, judas del derecho que por dinero mienten. Piden
disculpas si algunos de sus términos pueden tomarse como ofensivos. Pero
se describen indignados porque una Universidad de prestigio pueda
emitir conclusiones absurdas, pobres, insulto a la lógica jurídica, al
sentido común, a la dogmática y a los principios penales más
elementales.
Quedan agradecidos de la pronta respuesta que se
pueda dar a su petitorio tomando en cuenta que el caso se encuentra
sometido al más alto tribunal de justicia de la República del Ecuador y
que este tipo de opiniones ajenas podrían entenderse como una
intromisión a la independencia de la justicia ecuatoriana.
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