Fuente: El Comercio
Los intentos por silenciar a la prensa independiente en la región han continuado en forma cada vez más intensa a lo largo del 2011. Así lo señala en sus conclusiones la 67 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida hasta ayer en Lima.
El peligro más grave que deben enfrentar los periodistas es la violencia física, el crimen y la impunidad con que se cometen los delitos provenientes del crimen organizado. Estos han provocado la muerte de 21 periodistas en la región durante el último semestre.
También las amenazas a la libre expresión provienen, dice el documento final, de aquellos gobiernos que aplican presiones ilegítimas a través de querellas judiciales, detenciones arbitrarias, ataques verbales, leyes restrictivas o manipulación de la publicidad oficial.
En cuanto a asesinatos y ataques a periodistas, los más golpeados son Honduras y México, con cinco profesionales muertos en cada uno de esos países.
También hubo muertes violentas en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana. En estos países y en otros se mantiene la impunidad para los autores, lo cual fue calificado de vergonzoso.
En cuanto a las presiones provenientes del poder, la SIP señala en sus conclusiones que, en muchos países de la región, gobiernos intolerantes intentan enmudecer a los medios. Hace hincapié en el caso ecuatoriano, y sobre todo en el juicio al diario El Universo, por las sanciones desmedidas y el proceso judicial en sí mismo, que crea un clima de autocensura.
La situación de Ecuador es una de las mayores preocupaciones para este organismo. En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo presidente de la SIP, Milton Coleman, dijo que “Ecuador no es el caso más emblemático. Es el peor. Sus sentencias judiciales cuestionables han condenado a directivos de un diario a prisión y al pago de USD 40 millones” .
Coleman es un periodista estadounidense; editor de The Washington Post. Está al frente de la SIP durante el próximo año.
La SIP decidió“alertar a los medios del mundo sobre la progresiva pérdida de la libertad de expresión en Ecuador, luego de que la justicia está emitiendo sentencias contrarias a los tratados internacionales”. La alerta también se prendió para la comunidad empresarial de América sobre las restricciones societarias que discriminan a quienes que poseen participaciones en medios nacionales de comunicación.
Tras destacar que en Bolivia se ha creado un clima parecido, a partir de una ley contra el racismo que crea responsabilidades a los medios por opiniones de terceros, el documento de la SIP señala que en esta nación, Venezuela, Ecuador, Argentina y Panamá, los gobiernos procuran crear un clima de hostilidad hacia los medios, con agresiones verbales que en algunos casos son encabezadas por los jefes de Estado.
En Guatemala, Nicaragua y otros países del Caribe, las autoridades intentan manipular las informaciones y las opiniones de los medios asignando publicidad estatal como premio o castigo. Asimismo, denuncia que en varios países se ha montado una red paralela de medios estatales, oficialistas, que a menudo se unen a las campañas de desprestigio contra la prensa independiente.
Finalmente, anota las dificultades que existen en Canadá, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela para el acceso a la información pública, y hace notar que en Brasil y Costa Rica se han postergado proyectos legislativos para garantizarla.
Las cuatro resoluciones sobre Ecuador
Acompañar activamente a los ciudadanos, periodistas y medios de comunicación de Ecuador en sus exposiciones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros en los que se presentaren los casos.
Exhortar al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado, que cese su política de ataques sistemáticos contra la prensa independiente.
Solicitar a la Asamblea Nacional que al momento de debatir las reformas al Código Penal y la Ley de Comunicación acate lo que al respecto sostienen los tratados internacionales, en especial la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Exigir a la Función Judicial que al momento de administrar justicia respete lo que contemplan los tratados internacionales, como la Carta Interamericana de DD.HH., respecto a la injuria.
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