Desalojo policial en Río Grande
"El presidente Rafael Correa advirtió en varias ocasiones (el sábado último también lo hizo en su cadena semanal) a los pobladores que si no dejaban las tierras se emplearía la fuerza pública."
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| Durante los últimos años, han crecido los casos de violaciones a los derechos humanos en Ecuador |
Su hijo, de 6 años, estaba dormido cuando llegó la Policía. Eran las 05:15 de ayer. Mireya Manzaba vigilaba el ingreso a la hacienda Cumbres Luminosas, en Río Grande (cantón Chone), cuando vio a los uniformados.
“Eran como 400”, dijo la mujer en estado de gestación. “Lanzaron bombas lacrimógenas y nos golpearon con los toletes”. Los gendarmes tenían la orden de desalojar a los comuneros del sector que se oponían a la construcción de una represa que promueve el Gobierno, a través de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
La obra es parte del proyecto Multipropósito Chone (en Manabí) y busca resolver los problemas de inundaciones en la ciudad de Chone y sequías en la zona.
El presidente Rafael Correa advirtió en varias ocasiones (el sábado último también lo hizo en su cadena semanal) a los pobladores que si no dejaban las tierras se emplearía la fuerza pública.
La hacienda había sido declarada en utilidad pública por el Municipio, luego de que su propietario, Alfredo Zambrano, se negara a venderla. La orden de desalojo la firmó Betys Farías, jueza temporal del Juzgado XI de lo Civil y Mercantil de Chone.
Los afectados se organizaron para defender sus terrenos. Aseguraron que la represa inundaría sus tierras productivas.
El ecologista Boris Zambrano, quien asesora a los pobladores, asegura que 6 000 hectáreas quedarían bajo el agua y que los campesinos perderían sus tierras. De esta zona -agrega- salen los cítricos que se venden en la Sierra y que llegan incluso a Colombia.
Entre julio y diciembre pasado se recolectaron 200 millones de mandarinas en Río Grande. “1 700 familias que subsisten de la agricultura serían afectadas si les quitan sus terrenos”.
Manzaba se unió a los comités hace dos meses. Ayer, le habían encargado la seguridad y fue una de las heridas que dejó el operativo. No hay una cifra exacta, aunque los pobladores hablan de ocho personas. “No respetaron a nadie. En medio de los enfrentamientos traté de ir donde mi hijo para ponerlo a buen recaudo, pero los policías no me dejaron”.
Manzaba se desmayó y sus compañeros la llevaron al consultorio del médico cirujano Elvis Suárez, en el centro médico de Chone. “Llegó muy mal, con riesgo de aborto. Acá la estabilizamos”, dijo Suárez. Al mediodía estaba con un suero en el brazo. Quería levantarse para buscar a su hijo. Desde el operativo no tenía noticias de él. Los médicos le impidieron salir; dijeron que el embarazo es de dos meses y necesitaba reposo. Otro niño también estuvo desaparecido, pero sus familiares lo hallaron luego de las 12:00.
La Policía montó tres cercos de seguridad en los alrededores de la hacienda. No permitieron el paso de los medios de comunicación ni de los pobladores. “Yo tengo a mis abuelos y hermanos del otro lado y no sé cómo estarán”, dijo Lenin Bolaños, de 26 años.
En el Comando de la Policía de Chone se dio una rueda de prensa para dar detalles del operativo. Se recordó que antes de la incursión, la Senagua trató de negociar e indemnizar a los afectados, pero no se llegó a un acuerdo.
Wílmer Cuellar, jefe policial, aseguró que al llegar a la hacienda se volvió a conversar con los dirigentes y que, ante su negativa, se los desalojó por la fuerza. “Nos recibieron con actitud agresiva. Utilizaron machetes y palos en contra del personal policial. Al tener un número superior a los opositores, se los pudo disuadir”. Según el oficial, no se utilizaron gases lacrimógenos. Pero en el consultorio médico, Manzaba aún tenía impregnado el olor en su ropa.
Los ojos estaban morados y el rostro enrojecido. Su jean y camiseta estaban manchadas de lodo. “Los policías me arrastraron”. Organizaciones de Derechos Humanos llegaron para fotografiarla y registrar la agresión. Tenían previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía (ver recuadro).
Cerca de la 13:30, el dueño de la hacienda llegó al consultorio. Estaba descalzo, con la ropa rasgada. Minutos antes había sido liberado por la Policía. Lo hicieron en una rueda de prensa, en presencia del médico del comando, quien aseguró que se encontraba en buenas condiciones de salud.
Pero en el centro médico los enfermeros no resistieron el olor a bomba lacrimógena. Tosieron y estornudaron. Le pidieron que se quitara la camisa, pero el hedor estaba adherido a su cuerpo. Alfredo Zambrano fue enfático: “El Gobierno me ofreció hasta USD 300 000 por mi hacienda, pero no pienso dársela. No es que sea tonto, es solo que la represa traerá más problemas que soluciones y no quiero eso para Río Grande”.
El hombre, de 73 años, dijo que volverá a su hacienda cuando se recuperara. La tarde de ayer, los comuneros se reunieron en Chone. Ahí, familiares de Manzaba pidieron que se ingresara a la zona por la fuerza para buscar al niño desaparecido.
La obra es parte del proyecto Multipropósito Chone (en Manabí) y busca resolver los problemas de inundaciones en la ciudad de Chone y sequías en la zona.
El presidente Rafael Correa advirtió en varias ocasiones (el sábado último también lo hizo en su cadena semanal) a los pobladores que si no dejaban las tierras se emplearía la fuerza pública.
La hacienda había sido declarada en utilidad pública por el Municipio, luego de que su propietario, Alfredo Zambrano, se negara a venderla. La orden de desalojo la firmó Betys Farías, jueza temporal del Juzgado XI de lo Civil y Mercantil de Chone.
Los afectados se organizaron para defender sus terrenos. Aseguraron que la represa inundaría sus tierras productivas.
El ecologista Boris Zambrano, quien asesora a los pobladores, asegura que 6 000 hectáreas quedarían bajo el agua y que los campesinos perderían sus tierras. De esta zona -agrega- salen los cítricos que se venden en la Sierra y que llegan incluso a Colombia.
Entre julio y diciembre pasado se recolectaron 200 millones de mandarinas en Río Grande. “1 700 familias que subsisten de la agricultura serían afectadas si les quitan sus terrenos”.
Manzaba se unió a los comités hace dos meses. Ayer, le habían encargado la seguridad y fue una de las heridas que dejó el operativo. No hay una cifra exacta, aunque los pobladores hablan de ocho personas. “No respetaron a nadie. En medio de los enfrentamientos traté de ir donde mi hijo para ponerlo a buen recaudo, pero los policías no me dejaron”.
Manzaba se desmayó y sus compañeros la llevaron al consultorio del médico cirujano Elvis Suárez, en el centro médico de Chone. “Llegó muy mal, con riesgo de aborto. Acá la estabilizamos”, dijo Suárez. Al mediodía estaba con un suero en el brazo. Quería levantarse para buscar a su hijo. Desde el operativo no tenía noticias de él. Los médicos le impidieron salir; dijeron que el embarazo es de dos meses y necesitaba reposo. Otro niño también estuvo desaparecido, pero sus familiares lo hallaron luego de las 12:00.
La Policía montó tres cercos de seguridad en los alrededores de la hacienda. No permitieron el paso de los medios de comunicación ni de los pobladores. “Yo tengo a mis abuelos y hermanos del otro lado y no sé cómo estarán”, dijo Lenin Bolaños, de 26 años.
En el Comando de la Policía de Chone se dio una rueda de prensa para dar detalles del operativo. Se recordó que antes de la incursión, la Senagua trató de negociar e indemnizar a los afectados, pero no se llegó a un acuerdo.
Wílmer Cuellar, jefe policial, aseguró que al llegar a la hacienda se volvió a conversar con los dirigentes y que, ante su negativa, se los desalojó por la fuerza. “Nos recibieron con actitud agresiva. Utilizaron machetes y palos en contra del personal policial. Al tener un número superior a los opositores, se los pudo disuadir”. Según el oficial, no se utilizaron gases lacrimógenos. Pero en el consultorio médico, Manzaba aún tenía impregnado el olor en su ropa.
Los ojos estaban morados y el rostro enrojecido. Su jean y camiseta estaban manchadas de lodo. “Los policías me arrastraron”. Organizaciones de Derechos Humanos llegaron para fotografiarla y registrar la agresión. Tenían previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía (ver recuadro).
Cerca de la 13:30, el dueño de la hacienda llegó al consultorio. Estaba descalzo, con la ropa rasgada. Minutos antes había sido liberado por la Policía. Lo hicieron en una rueda de prensa, en presencia del médico del comando, quien aseguró que se encontraba en buenas condiciones de salud.
Pero en el centro médico los enfermeros no resistieron el olor a bomba lacrimógena. Tosieron y estornudaron. Le pidieron que se quitara la camisa, pero el hedor estaba adherido a su cuerpo. Alfredo Zambrano fue enfático: “El Gobierno me ofreció hasta USD 300 000 por mi hacienda, pero no pienso dársela. No es que sea tonto, es solo que la represa traerá más problemas que soluciones y no quiero eso para Río Grande”.
El hombre, de 73 años, dijo que volverá a su hacienda cuando se recuperara. La tarde de ayer, los comuneros se reunieron en Chone. Ahí, familiares de Manzaba pidieron que se ingresara a la zona por la fuerza para buscar al niño desaparecido.
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