Una orden del Comando Provincial de Policía del Guayas frustró el viaje que el periodista Wilson Cabrera, de la clausurada radio La voz de la Esmeralda Oriental Canela, de Macas, Morona Santiago, iba a realizar a Washington (Estados Unidos) para participar en la Asamblea 143 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabrera fue notificado de su prohibición de salir del país cuando se acercó al módulo de la Policía de Migración en el aeropuerto Mariscal Sucre para chequear su documentación.
Según contó el periodista, una agente de Migración le informó que la orden que constaba en el sistema estaba justificada por el oficio TL 4317-CP2, del 19 de junio del 2007, sin darle más detalles.
“En Guayas no he vivido nunca, no he tenido ningún problema en esa provincia. Creo que para cualquier hecho judicial deberían haberme notificado antes”, aseguró el comunicador, quien sospecha que esto puede ser una “situación tramada”.
Migración explicó a este Diario que las órdenes de prohibición de salida del país se emiten cuando un individuo está inmerso en un proceso judicial. En la página web de la Función Judicial del Guayas, Cabrera no registra causas judiciales.
La estación que representa fue clausurada en abril pasado por orden de la Intendencia de Policía de Macas sin notificación previa, afirma Cabrera.
Por ello iba a la CIDH a denunciar la negativa de parte de los organismos de control de renovarle la frecuencia radial, y los “ataques a la libertad de expresión en Morona Santiago”.
Al contrario de Cabrera, representantes de Diario El UNIVERSO; de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y los periodistas Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro El Gran Hermano, sí lograron viajar y estarán mañana en la audiencia.
Ante la CIDH también comparecerán representantes de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios) y de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep) para exponer sobre los procesos judiciales que siguen funcionarios de Gobierno y el mismo presidente Rafael Correa contra periodistas y medios.
Zurita y Calderón están enjuiciados por afirmar en su libro que el mandatario conocía sobre los contratos que su hermano, Fabricio, supuestamente tenía con el Estado. Correa les pide $ 10 millones por reparación del daño moral, que él alega.
Mientras que EL UNIVERSO, sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditorialista Emilio Palacio, enfrentan una querella penal por injurias calumniosas. En este caso el presidente exige una indemnización de $ 40 millones.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo que informará sobre el “gravísimo deterioro que ha sufrido la libertad de expresión y el incremento de agresiones contra periodistas y medios, sobre todo después del 30 de septiembre del 2010”.
Aclaró que esta audiencia se efectúa por pedido de la CIDH, luego de que Fundamedios denunció en agosto pasado los constantes ataques a la prensa por parte del Gobierno.
Cabrera fue notificado de su prohibición de salir del país cuando se acercó al módulo de la Policía de Migración en el aeropuerto Mariscal Sucre para chequear su documentación.
Según contó el periodista, una agente de Migración le informó que la orden que constaba en el sistema estaba justificada por el oficio TL 4317-CP2, del 19 de junio del 2007, sin darle más detalles.
“En Guayas no he vivido nunca, no he tenido ningún problema en esa provincia. Creo que para cualquier hecho judicial deberían haberme notificado antes”, aseguró el comunicador, quien sospecha que esto puede ser una “situación tramada”.
Migración explicó a este Diario que las órdenes de prohibición de salida del país se emiten cuando un individuo está inmerso en un proceso judicial. En la página web de la Función Judicial del Guayas, Cabrera no registra causas judiciales.
La estación que representa fue clausurada en abril pasado por orden de la Intendencia de Policía de Macas sin notificación previa, afirma Cabrera.
Por ello iba a la CIDH a denunciar la negativa de parte de los organismos de control de renovarle la frecuencia radial, y los “ataques a la libertad de expresión en Morona Santiago”.
Al contrario de Cabrera, representantes de Diario El UNIVERSO; de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y los periodistas Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro El Gran Hermano, sí lograron viajar y estarán mañana en la audiencia.
Ante la CIDH también comparecerán representantes de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios) y de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep) para exponer sobre los procesos judiciales que siguen funcionarios de Gobierno y el mismo presidente Rafael Correa contra periodistas y medios.
Zurita y Calderón están enjuiciados por afirmar en su libro que el mandatario conocía sobre los contratos que su hermano, Fabricio, supuestamente tenía con el Estado. Correa les pide $ 10 millones por reparación del daño moral, que él alega.
Mientras que EL UNIVERSO, sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditorialista Emilio Palacio, enfrentan una querella penal por injurias calumniosas. En este caso el presidente exige una indemnización de $ 40 millones.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo que informará sobre el “gravísimo deterioro que ha sufrido la libertad de expresión y el incremento de agresiones contra periodistas y medios, sobre todo después del 30 de septiembre del 2010”.
Aclaró que esta audiencia se efectúa por pedido de la CIDH, luego de que Fundamedios denunció en agosto pasado los constantes ataques a la prensa por parte del Gobierno.
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