Continúa la judicialización de la política y politización de la Justicia.
Marco Aníbal Guatemal Anrango, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), fue detenido ayer en la Gobernación de Imbabura, por una orden emitida por el Tribunal Primero de Garantías Penales.
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| Detención de Marco Aníbal Guatemal Anrango |
En contra del dirigente de esta organización, filial a la Conaie, hay un juicio penal. Se le acusa del supuesto delito de obstrucción ilegal de vías públicas, durante las protestas de mayo del 2010.
Según Rosa Carlosama, presidenta del Pueblo Kichwa Karanki, la detención de Guatemal se dio en el momento que esperaban una audiencia para hablar con la gobernadora de Imbabura, Gabriela Rivadeneira. Guatemal quería solicitar su intermediación ante los municipios imbabureños para montar las ferias solidarias que impulsa la FICI.
La cita con la Gobernadora estaba prevista para las 09:00. Pero a las 10:05 fue detenido, mientras esperaba fuera del despacho de la Gobernadora.
El dirigente fue detenido en una rápida maniobra policial ante 18 mujeres indígenas que le acompañaban. Según Janine Farinango, dos agentes de la Policía, que permanecían con ropa civil en ese lugar, repentinamente se pusieron de pie y le informaron a Guatemal que eran policías y que él estaba detenido.
La acción fue tan rápida que a Carmelina Yamberla, ex presidenta de la FICI, no le dio oportunidad de sacar una cámara fotográfica para registrar el hecho. Las mujeres exigían ver la boleta de encarcelación, pero, según Carlosama, esta no fue exhibida.
La gobernadora Rivadeneira aseguró desconocer lo sucedido fuera de su despacho. “Esa es una acción de la justicia que no compete al Gobierno”, afirmó.
Todo comenzó el 21 de junio de este año. El Tribunal Primero de Garantías Penales declaró fallida la audiencia de juzgamiento en este caso, debido a la inasistencia de Guatemal y su abogado defensor Mario Ruiz. El Tribunal le declaro prófugo de la justicia. Aunque el dirigente ha seguido al frente de la organización indígena provincial.
Esta es una de las últimas etapas del proceso judicial establecido por una demanda presentada el 15 de mayo del 2010 por el gobernador de entonces Luis Salazar. Él presentó una acusación por el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, en Otavalo.
Las protestas se produjeron entre el 11 y 13 de mayo en contra del proyecto de Ley de Aguas. Las marchas se calmaron tras un canje de indígenas detenidos y agentes policías retenidos.
El fiscal Leonardo Narváez, al finalizar la etapa de instrucción fiscal, emitió el dictamen acusatorio. En primera instancia Guatemal fue acusado por sabotaje y terrorismo. Pero luego se cambió la figura del delito.
La defensa presentó un recurso de hecho que estaba en trámite en la Sala de lo Penal y de Tránsito. A la par, también entablaron una Acción Extraordinaria de Protección que fue remitida a la Corte Constitucional en Quito.
Esas acciones suspendieron el proceso que estaba en el Tribunal Penal. Ayer a las 11:59, en ese ente judicial se legalizó la detención de Guatemal, quien deberá esperar la audiencia de juzgamiento.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, calificó como una represión de Gobierno en contra de dirigentes que defienden a la naturaleza. Ayer, también fue detenido Leonardo López, dirigente de la Federación de Organizaciones del Azuay, dijo. “A pesar que haya cualquier cosa nosotros estamos dispuestos a enfrentarla”.
La Conaie denunció ‘politización’ de la Justicia
La detención de Marco Guatemal, presidente de la FICI, movilizó inmediatamente a la dirigencia indígena nacional.
A las 17:00 de ayer arribaron a Ibarra los asambleístas Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema. También Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, y Mauricio Paki, de la Conaie.
En una improvisada rueda de prensa acusaron al Gobierno de perseguir a los dirigentes indígenas y criminalizar las protestas populares, mediante los juicios por sabotaje y terrorismo.
Según Tenesaca, hay 200 procesos judiciales contra indígenas. Además de siete órdenes de detención contra dirigentes –no dio nombres- que se encuentran escondidos para evitar ser detenidos. Tibán responsabilizó al Gobierno de lo que pueda pasar frente a las acciones que prepara el movimiento indígena, tras la detención de Marco Guatemal, a la que calificó de arbitraria. “Hoy fue detenido nuestro compañero Guatemal, mañana puede ser Marlon Santi, Delfín Tenesaca o cualquiera de nosotros”.
Aunque los dirigentes prefirieron no informar sobre las acciones de protesta que preparan, aseguraron que comenzarán desde hoy con asamblea.
Luego, unas 80 personas realizaron una marcha hacia la Gobernación, la Corte de Justicia y la cárcel. En cada lugar gritaron consignas en contra de los que aseguraban es un manejo político de la Justicia.
Fuera del Centro de Rehabilitación Social se movilizaron unos 20 policías. Tibán, Yantalema, Tenesaca, Auki Tituaña y María Perugachi, esposa de Guatemal, verificaron el buen estado de salud del detenido.
Según Rosa Carlosama, presidenta del Pueblo Kichwa Karanki, la detención de Guatemal se dio en el momento que esperaban una audiencia para hablar con la gobernadora de Imbabura, Gabriela Rivadeneira. Guatemal quería solicitar su intermediación ante los municipios imbabureños para montar las ferias solidarias que impulsa la FICI.
La cita con la Gobernadora estaba prevista para las 09:00. Pero a las 10:05 fue detenido, mientras esperaba fuera del despacho de la Gobernadora.
El dirigente fue detenido en una rápida maniobra policial ante 18 mujeres indígenas que le acompañaban. Según Janine Farinango, dos agentes de la Policía, que permanecían con ropa civil en ese lugar, repentinamente se pusieron de pie y le informaron a Guatemal que eran policías y que él estaba detenido.
La acción fue tan rápida que a Carmelina Yamberla, ex presidenta de la FICI, no le dio oportunidad de sacar una cámara fotográfica para registrar el hecho. Las mujeres exigían ver la boleta de encarcelación, pero, según Carlosama, esta no fue exhibida.
La gobernadora Rivadeneira aseguró desconocer lo sucedido fuera de su despacho. “Esa es una acción de la justicia que no compete al Gobierno”, afirmó.
Todo comenzó el 21 de junio de este año. El Tribunal Primero de Garantías Penales declaró fallida la audiencia de juzgamiento en este caso, debido a la inasistencia de Guatemal y su abogado defensor Mario Ruiz. El Tribunal le declaro prófugo de la justicia. Aunque el dirigente ha seguido al frente de la organización indígena provincial.
Esta es una de las últimas etapas del proceso judicial establecido por una demanda presentada el 15 de mayo del 2010 por el gobernador de entonces Luis Salazar. Él presentó una acusación por el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, en Otavalo.
Las protestas se produjeron entre el 11 y 13 de mayo en contra del proyecto de Ley de Aguas. Las marchas se calmaron tras un canje de indígenas detenidos y agentes policías retenidos.
El fiscal Leonardo Narváez, al finalizar la etapa de instrucción fiscal, emitió el dictamen acusatorio. En primera instancia Guatemal fue acusado por sabotaje y terrorismo. Pero luego se cambió la figura del delito.
La defensa presentó un recurso de hecho que estaba en trámite en la Sala de lo Penal y de Tránsito. A la par, también entablaron una Acción Extraordinaria de Protección que fue remitida a la Corte Constitucional en Quito.
Esas acciones suspendieron el proceso que estaba en el Tribunal Penal. Ayer a las 11:59, en ese ente judicial se legalizó la detención de Guatemal, quien deberá esperar la audiencia de juzgamiento.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, calificó como una represión de Gobierno en contra de dirigentes que defienden a la naturaleza. Ayer, también fue detenido Leonardo López, dirigente de la Federación de Organizaciones del Azuay, dijo. “A pesar que haya cualquier cosa nosotros estamos dispuestos a enfrentarla”.
La Conaie denunció ‘politización’ de la Justicia
La detención de Marco Guatemal, presidente de la FICI, movilizó inmediatamente a la dirigencia indígena nacional.
A las 17:00 de ayer arribaron a Ibarra los asambleístas Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema. También Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, y Mauricio Paki, de la Conaie.
En una improvisada rueda de prensa acusaron al Gobierno de perseguir a los dirigentes indígenas y criminalizar las protestas populares, mediante los juicios por sabotaje y terrorismo.
Según Tenesaca, hay 200 procesos judiciales contra indígenas. Además de siete órdenes de detención contra dirigentes –no dio nombres- que se encuentran escondidos para evitar ser detenidos. Tibán responsabilizó al Gobierno de lo que pueda pasar frente a las acciones que prepara el movimiento indígena, tras la detención de Marco Guatemal, a la que calificó de arbitraria. “Hoy fue detenido nuestro compañero Guatemal, mañana puede ser Marlon Santi, Delfín Tenesaca o cualquiera de nosotros”.
Aunque los dirigentes prefirieron no informar sobre las acciones de protesta que preparan, aseguraron que comenzarán desde hoy con asamblea.
Luego, unas 80 personas realizaron una marcha hacia la Gobernación, la Corte de Justicia y la cárcel. En cada lugar gritaron consignas en contra de los que aseguraban es un manejo político de la Justicia.
Fuera del Centro de Rehabilitación Social se movilizaron unos 20 policías. Tibán, Yantalema, Tenesaca, Auki Tituaña y María Perugachi, esposa de Guatemal, verificaron el buen estado de salud del detenido.
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