Durante 1994 se produce una crisis eléctrica con cortes de hasta 8 horas diarias, luego ocurre un conflicto bélico con Perú y crisis externas como la Crisis Mexicana que acarreó problemas económicos en Latinoamérica. La crisis política acarreó inestabilidad financiera y altas tasas de interés que afectaban a los empresarios en su cumplimiento de honrar sus deudas. Nuevas crisis económicas en mercados internacionales y la caída del precio del petróleo debilitan la economía del Ecuador. Crisis en Brasil, Rusia y Asia a finales de 1997 y principios de 1998 acarreó una reducción en las exportaciones y cierre de líneas de créditos para Ecuador. Un severo fenómeno del niño que destruye miles de hectáreas de cultivos y fuentes de empleo desemboca en el quiebre de empresas y la imposibilidad de cobrar millonarios préstamos. Todo lo anterior provoca que el sistema financiero ecuatoriano colapsara principalmente en la citas. Muchos bancos recurren a créditos del Banco Central (BCE) para solventar sus problemas de liquidez. Los propietarios de Filanbanco entregan su banco a la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), como pago de los prestamos recibidos por el Banco Central.
1999 El estatal Filanbanco incurre en salvatajes financieros
El Estado ecuatoriano, ahora dueño de Filanbanco maneja ineficientemente este y otros bancos estatizados, la Superintendencia une ilegalmente Filanbaco con un La Previsora, un banco quebrado que debió ser liquidado individualmente, las deudas de este banco y de otras entidades son licuadas dentro de las cuentas de Filanbanco, haciendo que este fuese inviable y cometiendo un grave perjuicio a los ecuatorianos, acreedores de los bancos en proceso de liquidación.
2000 El gobierno busca un chivo expiatorio
Los verdaderos culpables de que una crisis financiera se vuelva un caos inmanejable debido al incompetente manejo de los bancos estatizados, buscan y encuentran un chivo expiatorio: Los Hnos. William y Roberto Isaías, quienes 2 años atrás habían saldado sus deudas con el Estado entregando Filanbanco y otros bienes como pago. En marzo de este año Ecuador se dolariza no sin antes depreciar severamente el sucre, lo cual convierte en polvo los ahorros de los ecuatorianos y destruye el valor de miles de propiedades dadas en pago a los bancos en sucres antes de la crisis financiera, valores que luego serían insuficientes para saldar las cuentas por cobrar.
2001 - 2002 Se violenta el debido proceso, Filanbanco es cerrado
El estatal Filanbanco-La Previsora genera millonarias pérdidas por el ineficiente manejo gubernamental, las pérdidas ascienden a 895 millones de dólares, la entidad es cerrada por la Superintendencia de Bancos. Se violenta el debido proceso cuando se acusa a los Hnos,. William y Roberto Isaías de peculado bancario, delito que no estaba tipificado cuando supuestamente se cometió, violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual Ecuador es signatario.
2002 - Se ignora informes de la Fiscalía General
La Fiscalía General del Ecuador elabora un informen que concluye que no puede existir acusación de peculado bancario al no haber existido la tipificación del delito en la fecha en la cual supuestamente se cometió. Agrega además que no existieron evidencias de mal uso de los fondos que el Banco Central extendió a Filanbanco durante la administración de los Hnos. William y Roberto Isaías.
Un nuevo presidente de la Corte Suprema reinicia el juicio contra los Hnos. Isaías. pero ante falta de pruebas para la acusación, incluso el Departamento de Estado de EEUU descarta la presunción del delito. Entonces el juez modifica la acusación con nuevos cargos ya cerrado el sumario, por la de llevar el dinero a firmas vinculadas de la Familia Isaías. Los acusados no se pueden defender de estas nuevas acusaciones porque el proceso de pruebas ya estaba cerrado.
El Presidente Rafael Correa en junio de 2008 decreta la incautación de los bienes de los Hnos. William y Roberto Isaías, 195 empresas son confiscadas por el Gobierno. La Asamblea Constituyente, dicta el también ilegal mandato 13, que respalda la incautación y ordena la destitución de cualquier juez que acepte alegaciones de los propietarios de las empresas incautadas. Claramente ocurre una confiscación de propiedad, contraviniendo los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal.
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