El bastón dejó de ser solo un apoyo para caminar por el campo. Se convirtió en un arma de defensa; una improvisada macana de madera contra el destierro. La empuña cuando ve a un desconocido acercarse a su propiedad, en el sector de Río Grande (Chone). Desde hace tres meses, funcionarios del Gobierno le han advertido que en la zona se levantará una represa y que tarde o temprano deberá salir. Por las buenas, o con orden judicial.
René Mendoza se resiste. Se aferra a su tierra como a la muleta que usa desde hace 16 años, cuando se lastimó la médula espinal. Perdió el equilibrio y cayó de un árbol. No recibió atención médico inmediata.
“La lesión fue un golpe duro, pero nada comparable con lo que representó dejar un hogar, una vida”, recuerda Mendoza. En la década de 1980 se vio obligado a dejar sus tierras, para dar paso a la construcción de la represa Daule-Peripa. El dique ocupa parte del territorio de Manabí y Guayas. Los trabajos se iniciaron en 1982 y terminaron en 1988.
Al igual que ahora, con el dique del proyecto Multipropósito Chone, entonces se buscaba controlar el caudal de los ríos que provocaban inundaciones en invierno y sequías en verano. Además de contar con una fuente de energía.
“En esa época, las autoridades nos dijeron que el impacto sería mínimo”. Por eso a Mendoza no le preocupó ver a la maquinaria pesada cerca de su propiedad.
En el sector El Pescadillo (Manabí) tenía 120 hectáreas de terreno virgen. Faltaban manos para recolectar los racimos de plátano y cacao cultivados en ese suelo fértil y poco poblado.
“Un compadre me habló de la zona y dijo que los terrenos estaban a buen precio. Los compré, pero cinco años después tuve que dejarlos”. El agua de la represa inundó el 80% de su propiedad.
“El ganado se caía en la laguna y no podía salir. Aparecieron culebras en los alrededores y casi no había caminos para sacar los productos y comercializarlos”.
50 000 personas se vieron afectadas por el impacto ambiental y social, según la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público del Gobierno de Ecuador. Este ente fue creado por este Gobierno en el 2007.
“Mi esposa, Rosa Muñoz, enfermó de paludismo y los 10 hijos que tuve no se acoplaron a los cambios por la represa”. Los más pequeños estaban acostumbrados a corretear por las praderas, sin el riesgo de caer al agua, invisible bajo los tupidos lechuguines que brotaron en el dique.
El jornalero regresó a su natal Río Grande para empezar de nuevo. Es difícil conocer cuántos más llegaron a ese sector, porque fueron a zonas alejadas y de difícil acceso. Mendoza conoce a dos familias. Una de ellas, la de Julio C. Su padre perdió 80 hectáreas con el proyecto Daule-Peripa, pero a diferencia de Mendoza, fue indemnizado. A la otra familia no se la pudo contactar.
Con el dinero compró 108 hectáreas en el sector Boca de Sánchez, por donde pasará el proyecto Multipropósito Chone. Ahí no hizo falta sembrar frutales. El terreno estaba lleno de banano, mandarina, coco, cacao...
Los productos se vendían hasta hace un mes en el mercado de Chone y llegaban a Quito.
Julio C. asegura que llegó a un arreglo con la Secretaría Nacional del Agua, en Chone, para vender sus tierras. Dejó de producir. Con el dinero (el monto se está definiendo) espera potenciar un negocio que instaló en la ciudad.
“En todo proyecto hay personas que ganan y pierden. Creo que por el bien de la mayoría a veces hay que ceder. Debemos dejar los intereses particulares a un lado”.
Su posición le ha generado roces con los comuneros que se oponen a la represa. Por eso, evita a los medios de comunicación y trata de mantenerse en el anonimato.
“Antes yo apoyaba la resistencia, pero marqué distancia porque veo que mis compañeros se volvieron intransigentes”.
Mendoza asegura que su lucha va más allá de un orgullo colectivo. “Todo lo que tenemos nos lo ha dado la tierra. Por eso le guardamos tanto cariño. Darle la espalda sería como negar a una madre”. No sé por qué es tan difícil para las autoridades entenderlo. “De qué sirve tener dinero, una casa, un vehículo si no se está en paz con uno mismo”.
En época de cosecha, las ramas de sus árboles de mandarina suelen estar tan cargadas que es necesario sostenerlas con largas cañas para que no caigan al suelo. Tiene plantaciones de plátanos, cacao, papaya, toronja, coco y animales de corral.
“La gente del campo no nos morimos de hambre. Sabemos trabajar duro”. Mendoza se quita las gafas oscuras. Las coloca en el bolsillo de su guayabera blanca.
Levanta su mano derecha. Los dedos le tiemblan. Señala el sitio donde se inició la construcción de la represa del Multipropósito Chone y advierte: “Todo esto va a quedar bajo el agua. No quiero que eso pase; que me destierren nuevamente”.
Por eso cada día camina 60 minutos, apoyado en su bastón, por los caminos de polvo de Río Grande. Llega a El Jobo, el sitio que se ha convertido desde esta semana en el fortín de los campesinos que se resisten al proyecto del Gobierno. Se une a la protesta con la voz de sus 76 años. Grita convencido: ¡Río Grande no se vende. Se defiende¡. Levanta su bastón e infla el pecho. Mira a la Policía cerca y sentencia. “De aquí me sacan con los pies por delante ¡carajo!”.
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