En junio de 2008 el Presidente Rafael Correa decreta la incautación de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías, un claro acto ilegal de confiscación, pues el decreto fue expedido arrogándose el presidente Correa de atribuciones de juez que no le competen, desde luego el decreto tampoco se apegó a las garantías del debido proceso, tan ilegal fue esta medida que provocó la dimisión del Ministro de Finanzas, que se negó a secundar esta confiscación. La confiscación tampoco siguió ningún proceso por parte de la Superintendencia de Bancos o de la AGD. En principio 195 empresas fueron confiscadas por el Gobierno. Entre ellas, medios de comunicación que a la postre servirían de parlantes para la propaganda oficial.
La Asamblea Legislativa, de mayoría favorable al Gobierno, dicta el también ilegal Mandato 13, que respalda la confiscación, se asigna también funciones de juez que no le competen constitucionalmente y que tampoco están contempladas en su estatuto. Ilegalmente, y contrariando la carta de los Derechos Humanos, decreta la destitución de cualquier juez que acepte alegaciones de los propietarios de las empresas incautadas, dejando a los propietarios en indefensión legal.
Cronología de hecho de el Caso Isaías
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